El ministro de Hacienda estima que la cantidad total aflorada con la ‘amnistía fiscal’ se eleva hasta los 40.000 millones de euros, e equivalente a cuatro puntos del PIB. El ministro también ha precisado que los 40.000 millones aflorados han sido el resultado de las declaraciones extraordinarias de 29.065 personas físicas y 618 personas jurídicas, cuyas identidades se conocen «a diferencia de lo sucedido en otros procesos especiales de regularización» como el de 1991. Montoro también ha insistido en que todos los expedientes de regularización tributaria «son accesibles para todos los inspectores y técnicos de Hacienda», que pueden así comprobar quiénes se han acogido a la ‘amnistía fiscal’ y «solicitar que se les proporcione información» adicional sobre estas declaraciones especiales si creen que hay indicios sobre un posible origen delictivo de los fondos. El colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) atribuye la escasa recaudación de la amnistía fiscal, cuantificada en 1.191 millones de euros, a la prescripción del 70% del fraude aflorado, que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cifró hoy en 40.000 millones de euros.El TC avala que las compañías lean las conversaciones privadas de sus trabajadores en un ordenador si éste es de uso común, sin vulnerar el derecho a la intimidad y el secreto de comunicaciones. El Alto Tribunal argumenta en la sentencia con fecha de 17 de diciembre de 2012, publicada en el BOE, que no se aprecia vulneración del derecho a la intimidad, como reclama la demandante, ya que fueron ella misma y otra trabajadora quienes “realizaron actos que determinaron la eliminación de la privacidad de sus conversaciones, al incluirlas en el disco del ordenador que podían ser leídas por cualquier otro usuario”. El voto particular de la sentencia afirma que no es asumible que porque el ordenador sea de uso común de todos los empleados “carezca de cobertura constitucional la pretensión de secreto”.
Más de 44.000 pequeñas plantas fotovoltaicas sufren «tensiones de tesorería» que «ponen en riesgo de quiebra inminente su actividad» y que podrían ser embargadas por los bancos que las financiaron, según la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier). En dichas plantas están puestos los ahorros de otras tantas familias y que suponen el 80% del total. La asociación pedirá amparo al Defensor del Pueblo. La fotovoltaica, asegura la asociación, está viéndose sometida a una «vulneración de principios esenciales del orden constitucional, como son la tutela judicial efectiva, la irretroactividad de las normas desfavorables, la seguridad jurídica y la confianza legítima».
El Plan PIVE de incentivos a la compra de coches, que agotó su presupuesto el pasado 10 de enero, ha generado una recaudación fiscal de 296 millones de euros y un impacto económico total de 930 millones de euros, al tiempo que ha ayudado a mantener o generar 4.500 empleos y a contener el IPC en 0,15 puntos. Así lo ha expuesto el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).
