El proyecto de Real Decreto que desarrolla el IVA de caja para pymes establece otra restricción. “Se prevé la exclusión del régimen especial del criterio de caja cuando el volumen de operaciones durante el año natural que realice el sujeto pasivo supere los 2.000.000 de euros, así como cuando el total de cobros en efectivo que realice respecto de un mismo destinatario durante el año natural supere los 100.000 euros. Dicha exclusión tendrá efecto en el año inmediato posterior a aquél en que se superan dichos límites”, según el proyecto del Real Decreto por el que se aprueba el IVA de caja. Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) consideran que esta nueva limitación puede responder a dos objetivos: “Limitar el número de microempresarios a los que pudiera intentar acogerse a este régimen especial”, o añaden, podría servir para “recabar una experiencia para aumentar la limitación de cobros en efectivo en operaciones por importe superior a 2.500 euros para que en el caso de que si se ve que la nueva restricción no genera fraude de tramas de facturas falsas extender esta restricción al régimen general del IVA”. “Es mentira que las pymes podrán aplazar el pago del IVA hasta el momento del cobro de la factura ya que, independientemente del pago, el devengo se producirá el 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se haya realizado la operación”, señala un diputado socialista. Es decir, el nuevo sistema solo permitirá aplazar el pago a Hacienda un máximo de dos años.Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales. La Ley viene a unirse a la Ley de la Acción Exterior y del Servicio Exterior del Estado, actualmente en tramitación parlamentaria. La Ley pretende regular de manera unitaria, sistematizada y acorde con las exigencias de la Constitución de 1978 y del Derecho Internacional contemporáneo la actividad del Estado en materia de acuerdos internacionales. Desde una perspectiva técnico-jurídica, este Anteproyecto desea también lograr que la regulación resultante ponga fin a la dispersión normativa existente en la actualidad y colme las lagunas que subsisten en el ordenamiento jurídico español en esta materia.
Los directivos y gerentes fueron el colectivo que registró una mayor caída proporcional de la ocupación en 2012 en Cataluña. Su categoría perdió un 22% de sus integrantes. La mayor parte de las bajas se debe a la destrucción de empresas. Son cifras que revela el estudio de ocupación del año 2012 que elabora el sindicato CC OO a partir de los microdatos de la EPA. Más allá de los cierres, también desciende el número de directivos a causa de jubilaciones, prejubilaciones y despidos fruto de la fusión de empresas que generan duplicidades injustificables cuando el cinturón no da para más. La profesora del Instituto de Estudios Laborales de ESADE, subraya que la destrucción de ocupación en lo alto de la pirámide “refleja la dureza de la crisis, el tsunami”. Más allá de la gravedad que supone perder cualquier puesto de trabajo, Valls muestra especial preocupación “cuando además de piezas, cae el todo: cuando desaparecen las unidades de producción”. “A corto plazo es grave, pero a largo es gravísimo, y debería darnos mucho miedo”, advierte.
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional prevé duplicar esta año la media histórica de la Sala. En 2012 tramitaron 391 asuntos. Este ejercicio ya llevan 310 y prevén alcanzar 550. Pero también es la negra radiografía de una España que en 2012 se dejó 800.000 puestos de trabajo, de los que 82.876 se perdieron en despidos colectivos, los que llegan a este tribunal. Muchas veces las sentencias, aunque se ganen, no son la solución. La nulidad puede ser el prolegómeno de medidas mucho más radicales, que lleven a la pérdida de empleo e incluso al cierre de la empresa. Esta semana la Sala tiene que resolver el primer supuesto planteado en relación con la ultraactividad, sobre la virtualidad de los pactos convenidos con anterioridad a la reforma laboral. La pregunta que se tienen que hacer los empresarios respecto al fin de la ultraactividad es si la adaptabilidad de su empresa al mercado es mayor aplicando con carácter general la ley o el salario mínimo interprofesional. El empresario tendrá que valorar lo que hace, porque la desaparición del convenio implica que se pierden los derechos de los trabajadores, pero también se malogran toda una serie de herramientas decisivas para que la empresa funcione. El Presidente de la Sala cree que la mayoría de los empresarios continuará negociando.
El borrador del decreto de autoconsumo energético ha incluido un peaje, denominado “de respaldo”, que, de momento, sube la tarifa de quienes lo utilizan. La redacción del texto reserva al Gobierno la capacidad de subir o bajar la cuantía de este peaje dependiendo de cómo vaya la implantación de estos modelos de autogeneración eléctrica. Uno de los grandes miedos de las eléctricas es que la autogeneración se descontrole y el sistema actual colapse. Las cuantías de los primeros peajes de respaldo se incluyen en el borrador del decreto elaborado por el Ministerio de Industria. Según cálculos de la Unión Española Fotovoltaica (Unef), el peaje de respaldo que se pagará por generar energía en un domicilio será un 27% más alto que si se opta por el consumo convencional y se abona el peaje por el uso tradicional de la red.
El nuevo Gobierno de China ha puesto fin al control estatal sobre los tipos de interés de los créditos y los ha liberalizado con objeto de que sean fijados por el mercado, según ha anunciado este viernes. Los bancos podrán decidir qué interés cargan a sus clientes por los préstamos. Algunos expertos se han mostrado sorprendidos de que la medida haya sido adoptada de una tacada, en lugar de haber rebajado progresivamente el límite.
La reforma de la PAC garantiza al sector español fondos por valor de 47.000 millones hasta 2020. Tras el reciente acuerdo político sobre su contenido, solo a expensas del cierre de algunas negociaciones en el Parlamento Europeo que no lo modificarán en lo fundamental, el sector agrario respira más tranquilo tras los miedos existentes en el pasado a fuertes recortes por la situación de crisis de las economías europeas. Al margen del optimismo oficial, la reforma no llega a las demandas de los más de 900.000 beneficiarios de las ayudas. Pero tampoco es lo negativa que se temia hace dos años.
