El decreto que prepara el gobierno respeta las dos grandes modalidades de jubilación anticipada que se fijaron en 2011: la forzosa (afectados por despidos) y la voluntaria. Sin embargo, endurece ambas. En el primer caso, establece que la edad mínima de acceso siempre será cuatro años menos que la edad legal, ahora 65 años y un mes. Ambas crecerán de forma paralela hasta que en 2027 se sitúen en 63 y 65. También aumenta el periodo mínimo de cotización, de 30 años a 33. Y, además, crea nuevos coeficientes de reducción. Las nuevas condiciones serán incluso más duras para la anticipada voluntaria. No obstante, según el texto, no entrará en vigor antes de abril, justo después de que se concreten grandes regulaciones de empleo como la de Iberia, Orizonia, Bankia o Caixabank (pueden afectar a unos 16.000 empleos) en las que este tipo de jubilaciones juegan un papel determinante. El periodo de cotización es el mismo, pero sube la edad mínima a 65 años desde el 1 de abril y establece mayores reducciones entre el 8% y el 6,5%, según el periodo cotizado. También hay cambios sustanciales en jubilación parcial. l decreto aclara que estas modificaciones no afectarán a las jubilaciones parciales que se hubieran pactado en convenios o planes de empresa firmados antes del 1 de abril.
El criterio de caja retrasará las desgravaciones y elevará el control fiscal. A la espera de conocer la letra pequeña, los expertos ya advierten que conllevará efectos colaterales no deseados. Según Hacienda, el denominada criterio de caja podrá “beneficiar a 2,3 millones de autónomos y pymes”. Las previsiones más pesimistas apuntan a que apenas 100.000 compañías optarán por este régimen y, las más optimistas, elevan la cifra por encima de las 500.000. En cualquier caso, mucho menos de la mitad. Posibles obstáculos: el proveedor que opte por el criterio de caja no ingresará el IVA hasta cobrar la factura y, su cliente, no podrá deducirse el IVA soportado hasta que no abone el importe de la operación. Solo la primera parte de la ecuación es la que beneficia a las empresas. Doble contabilidad. A partir de 2014, algunas compañías utilizarán el criterio de caja y otras mantendrán el criterio actual de devengo. El presidente de la ATA reconoce la dificultad técnica de materializar la medida y señala que toda esta problemática se está estudiando con Hacienda. Resulta probable que las grandes corporaciones solo quieran mantener relaciones comerciales con pymes que mantengan el sistema de devengo, lo que supone un importante desincentivo para acogerse al criterio de caja.
El TC ha declarado inconstitucional el apartado de la Ley de Medidas en materia de Seguridad Social de 2007 que solo reconoce la pensión de viudedad a las parejas de hecho cuando hayan tenido hijos comunes, impidiendo así acceder a esta retribución a las parejas de hecho del mismo sexo. El TC ha declarado «inconstitucional y nulo» el apartado ‘c’ de la disposición adicional tercera de la norma, que establece que para la concesión de la pensión de viudedad «el causante y el beneficiario hubieran tenido hijos comunes». Según la sentencia, fechada el 14 de febrero esta norma conlleva la vulneración de la prohibición de discriminación en función de «cualquier otra condición o circunstancia personal o social» a la que se refiere el artículo 14 de la Constitución española.
El Ibex 35 cedió ayer un 1,82% con el principal lastre de Milán, que se ha desplomado más de un 3% ante la incertidumbre derivada de las elecciones que celebrará Italia este fin de semana. No obstante, otra buena subasta del Tesoro Público ha permitido al selectivo conservar la cota psicológica de los 8.000 puntos (8.014,50). París se ha desplomado un 2,3%, mientras que Francfort y Londres han aproximado sus caídas a la registrada en la Bolsa española, con retroceso del 1,8% y del 1,6%, respectivamente. La prima de riesgo española se mantenía ligeramente al alza, establecida en los 363 puntos básicos.
La multinacional de teleservicios ‘Sitel’ ha anunciado la creación de aproximadamente 400 nuevos puestos de empleo a través de la ampliación del ‘contact center’ que la empresa tiene en la avenida de la República Argentina. Con este centro de trabajo y el ubicado en San Juan de Aznalfarache, la empresa suma unos 2.100 trabajadores en Sevilla.
Ence ha anunciado a los representantes de los comités de empresa la necesidad de reducir «un excedente» de 144 trabajadores para compensar las reformas energéticas aprobadas por el Gobierno, anunció en un comunicado.