La CE ha anunciado que restringirá en aquellas regiones cuyo PIB supere el 75% de la media de la UE las ayudas públicas destinadas a atraer inversiones de grandes empresas durante el periodo 2014-2020. Esto significa que en el caso de España, sólo Extremadura podrá conceder estas subvenciones sin ningún tipo de límites. También las regiones escasamente pobladas y las ultraperiféricas como Canarias podrán seguir dando ayudas operativas a las empresas en las condiciones actuales. En el resto de comunidades autónomas, a partir de 2014 sólo se permitirán ayudas públicas a multinacionales si atraen nueva actividad económica, nuevos productos o nuevos procesos de innovación.
La reforma energética incluirá un mecanismo de ajuste «automático» de peajes que permita equilibrar ingresos y costes del sistema eléctrico, así como revisiones de retribuciones cada cinco años para adaptarlas a los ciclos económicos. El ministro intentará que la reforma energética que presentará el Gobierno en la última semana de junio o en la primera quincena de julio garantice costes eléctricos «competitivos» para la industria nacional, y reconoció además que le «preocupa» el efecto sobre el sector financiero de posibles nuevos recortes a los productores de renovables, si bien la prioridad es atajar el déficit de tarifa.
Los llamados ‘100 economistas’ abogan por simplificar las modalidades de contratación para reducir el coste laboral no salarial de las nuevas contrataciones y lograr que dicho coste aumente de forma progresiva con la antigüedad del trabajador, evitando así incentivos «injustificados» a la rotación laboral. En un nuevo manifiesto titulado ‘Por un nuevo impulso a la creación de empleo en España’, que presentarán este jueves en rueda de prensa en Madrid, ‘los 100 economistas’ consideran que tres modalidades contractuales bastarían para acomodar todas las necesidades de contratación de las empresas españolas: un contrato de formación «bien diseñado», un contrato de interinidad para cubrir las necesidades esporádicas de sustitución de trabajadores en las empresas y un contrato indefinido (el llamado ‘contrato único’).
La reforma del Código Penal «excluirá cualquier sanción penal» a las personas que ayuden a inmigrantes en situación irregular con fines altruistas, según asegura el Gobierno en una respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que argumenta que su intención al modificar el artículo 318 bis no es perseguir la solidaridad, sino precisamente, garantizar que no sea penalizada. «El Gobierno considera que, de ningún modo, la prestación de ayuda solidaria a extranjeros en situación irregular debe ser castigada como un delito. Con esa finalidad se ha propuesto la reforma de la vigente redacción del artículo 318 bis del Código Penal, para excluir de la sanción penal conductas que, actualmente, estaban castigadas con penas desproporcionadas de cuatro a ocho años de prisión», explica el Ejecutivo.
La Justicia vuelve a dar la razón a Fenadismer sobre la aplicación del IAE a los pequeños transportistas de reparto. El pasado 16 de Mayo la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dictado sentencia contraria a la Agencia Tributaria por la liquidación fiscal y sanción económica practicada contra un transportista repartidor de prensa al encuadrarle incorrectamente en el epígrafe 849 frente al 722 inicialmente elegido por el transportista. Cabe además señalar que el transportista obtuvo un pronunciamiento idéntico del Tribunal Superior de Justicia en diciembre de 2010 como consecuencia de otra actuación reiterativa de la Agencia Tributaria en el año anterior al que ha motivado la presente sentencia.
