El Tribunal de Justicia de la UE avala el régimen español de IVA que establece que es la parte compradora quien debe ingresar el impuesto cuando se cierra una venta inmobiliaria en el marco de un proceso concursal. Ello es así, incluso, si la operación se realiza antes de la fase de liquidación o de venta forzosa. La sentencia permite que Hacienda se asegure el cobro del IVA cuando una compañía concursada se deshaga de sus inmuebles. “La directiva […] debe interpretarse en el sentido de que el concepto de procedimiento obligatorio de liquidación engloba cualquier venta de un inmueble realizada por el deudor de un crédito ejecutivo no solo en el marco de un proceso de liquidación del patrimonio, sino también en el marco de un proceso concursal anterior a la liquidación”, concluye el Tribunal de Justicia Europeo en su sentencia.
La Junta y los agentes sociales firman el Acuerdo por la Economía Social de Andalucía. El pacto por la economía social recoge 10 líneas de actuación, pero la más importante de todas es abrir el grifo del crédito a las cooperativas. De este modo, la Junta establecerá distintas líneas de incentivos y acuerdos con entidades financieras para la creación de productos específicos para estas empresas. De igual forma, el Gobierno andaluz asume el compromiso de destinar a la economía social el 50% de la dotación presupuestaria del nuevo Fondo Reembolsable de Economía Sostenible, que se tramita actualmente. Finalmente, se reclamará un papel más efectivo del Instituto de Crédito Oficial en la financiación de las empresas de este tipo, además de solicitar una reforma fiscal y otra mercantil de las sociedades laborales.
Convenio de colaboración entre Avalmadrid y las siete principales entidades financieras españolas (BBVA, Banco Santander, Banco Popular, Banco Sabadell, Bankia, Caixabank y Bankinter), por el que se ofrecen a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos madrileños hasta 150 millones de euros en créditos con tipos de interés preferentes (alrededor de un 5,5% en función del préstamo) y un plazo de amortización de hasta 15 años. El Gobierno autonómico calcula que estos préstamos ayudarán a unas 2.000 pymes y se traducirán en una inversión inducida de más de 200 millones y la creación o mantenimiento de más de 15.000 empleos.
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que pasará a llamarse Código Procesal Penal, podría incluir un periodo de vacatio legis o prórroga de tres años, lo que retrasaría su entrada en vigor una vez que se apruebe el texto definitivo. Según planteó ayer el presidente de la comisión de expertos que ha redactado la reforma, «tres años sería un plazo razonable» para poner en marcha todo el nuevo modelo de instrucción penal en el que el fiscal pasa a hacerse cargo de la investigación.
