El gasto del Fogasa en prestaciones se situó en 675,1 millones de euros en los cinco primeros meses del año, lo que supone un 9,3% más que en igual periodo de 2012, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. De acuerdo con los datos, un total de 114.780 trabajadores recibieron prestaciones por parte del Fogasa hasta mayo, un 7,5% más que en el mismo periodo de 2012.
Remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Seguridad Privada, que impulsará la coordinación y cooperación entre los sectores de seguridad pública y privada, y abrirá la posibilidad de prestar nuevos servicios demandados por la sociedad y que no estaban recogidos en anterior normativa de 1992. Además, la nueva Ley combatirá el intrusismo, lo que conllevará graves sanciones como el cierre de aquellas empresas que infrinjan la nueva regulación. Otra de las novedades que recoge el nuevo Proyecto de Ley es la liberalización de la consultoría de seguridad. Es decir, si antes era necesaria la elaboración de análisis de riesgos, informes, planes y auditorías de sistemas de seguridad, todas ellas, actividades de seguridad privada que requerían autorización, a partir de ahora se sustituyen determinadas autorizaciones previas para el ejercicio de ciertas actividades por declaraciones responsables, sin perjuicio de la facultad de comprobación administrativa. Finalmente, los servicios que no podrán realizar las empresas de seguridad privada son los de investigación privada, reservados a las agencias de detectives.
El Ejecutivo cifra en casi 365 millones de euros el importe total recaudado en vía voluntaria en concepto de horas extraordinarias a lo largo del año 2012, si bien matiza que la información «no permite diferenciar entre pequeñas, medianas y grandes empresas». El año pasado se realizaron 2.857 actuaciones inspectoras en materia de horas extraordinarias a resultas de las cuales se han propuesto 410 sanciones a las empresas investigadas por un importe total de 727.326 euros. En total, se ha comprobado la situación de 24.444 trabajadores, de los cuales 8.558 se han visto afectados por las infracciones.
Reino Unido ha alcanzado un acuerdo con diez de sus territorios de ultramar, muchos de los cuales son considerados paraísos fiscales, para que éstos se adhieran a un tratado de transparencia fiscal de acuerdo con los protocolos internacionales sobre intercambio de información. Los territorios de ultramar británicos incluidos en el acuerdo son Bermudas, Gibraltar, las Islas Caimán, Anguila, Montserrat, las Islas Vígenes británicas, Jersey, las Islas Turcas y Caicos, Guernsey y la Isla de Man. Estas regiones autónomas han prometido poner en marcha una serie de planes para proporcionar más información sobre los dueños de empresas fantasma, normalmente utilizadas para ocultar riquezas y beneficios.
La Agencia Tributaria ha enviado comunicaciones a cientos de jubilados gallegos con el reclamo de que deben declarar las pensiones obtenidas en el extranjero desde 2008, un requerimiento que suele llegar acompañado de multas. Coincidiendo con el fin de la campaña de la renta, prevén manifestarse el 1 de julio ante la delegación de Pontevedra. Pena ha explicado que el colectivo de afectados ha mantenido ya contactos con las delegaciones centrales de Hacienda en A Coruña y Pontevedra, que les han trasladado que «las multas se podrían llegar a negociar», pero permanecen a la espera de que se concreten los compromisos.
Tráfico de Cataluña prevé detectar a los conductores que circulen sin la ITV por las carreteras catalanas a través de los lectores de matrícula que se instalarán con los radares de control por tramo y los que ya existen en las autopistas. Para ello, está creando una base de datos conjunta con la Dirección General de Industria de la Generalitat y la Dirección General de Tráfico (DGT) con todos los conductores que tienen la ITV caducada o denegada, y, antes de multarles, les enviará una carta para pedirles que la pasen o den de baja el vehículo. Además, la cifra de vehículos que circulan con la ITV caducada ya se sitúa en un 20%.
