El listado de los mayores defraudadores a Hacienda se hará público “en el primer trimestre” del año, aunque el Ejecutivo aún no sabe como hacerlo legalmente. El secretario de Estado de Hacienda indicó están analizando como publicar una información que, hasta ahora, está protegida por la ley. La Agencia Tributaria aún no tiene claro qué factores determinarán la inclusión en la lista, que no solo pretende identificar a los defraudadores sino también a los morosos. Fuentes de Hacienda indican que uno de los criterios que se tendrán en cuenta será que el fraude sea de importantes cantidades de dinero, así como la reincidencia. Se incluirán a sujetos en los que se haya detectado irregularidades de manera “reiterada, persistente y en cuantías muy importantes”, manifestó Ferre. Hacienda aún estudia si incluir en su lista negra a aquellos con delitos fiscales, cuando el fraude supere los 120.000 euros.
Partidos políticos y sindicatos han urgido al Ministerio de Empleo la rebaja de las peonadas necesarias para cobrar el subsidio o renta agraria y un PER especial ante la brutal caída del empleo en el campo andaluz. La delegada del Gobierno en Andalucía señaló que el Ministerio trabaja para determinar la pérdida de empleo que se ha producido en los diferentes cultivos debido a la sequía con el fin de fijar el número de peonadas necesarias en cada comarca para acceder al subsidio agrario. Insistió en que las medidas “se tomarán a tiempo para que los jornaleros afectados puedan acogerse a ellas en los plazos establecidos”.
La subida de la inflación se ha llevado por delante casi 43.000 millones de euros en salarios, pensiones, depósitos y dividendos. Mientras la renta disponible caiga es muy complicado que el consumo y la inversión puedan retomar sendas positivas. En concreto, la remuneración de los asalariados en 2012 ascendió a 485.961 millones de euros (lo que conlleva una caída del 4,45% respecto a los 508.620 millones del año anterior). De este total, la inflación se ha llevado por delante 14.092 millones. Los asalariados sufren la mayor pérdida de poder adquisitivo desde 1985 por el alza del IPC.