UPTA pide que la prolongación del Plan de Pago a Proveedores contemple los derechos de empresas y autónomos subcontratistas. En el anterior proceso, en el que se aprobaron más de 27.000 millones para pagar las facturas pendientes, sólo el 30% de los beneficiarios fueron autónomos en el ámbito de la Administración Local y prácticamente inexistentes los beneficiados en el caso de las CCAA, ámbito en el que los contratos son de mayor cuantía. UPTA propondrá a los Grupos Parlamentarios una enmienda al Proyecto de Ley por el que se tramita en el Parlamento el Real Decreto-ley 4/ 2013 con el fin de defender los derechos de los subcontratados en la segunda fase del mecanismo de pago a proveedores que el Decreto Ley ha puesto en marcha.Validado el convenio de Seguridad Privada 2012-2014. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha ordenado la inclusión en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos, así como en el Boletín Oficial del Estado, del nuevo convenio para las empresas de seguridad privada. El texto definitivo contempla como mejoras fundamentales el mantenimiento de las condiciones laborales en caso de subrogación empresarial y sobre todo fija la ultra-actividad indefinida, esto es: pese a la nueva reforma laboral el sector contará siempre con un marco legal. Una de esos compromisos implica que la mayoría de las empresas que en 2012 no abonaron la subida pactada del 2’4 por ciento, deberán hacerlo en concepto de atrasos.
El TSJA revoca un fallo que amparó el derecho de una médica a negarse a asesorar y derivar al especialista a las pacientes que precisaran una interrupción voluntaria del embarazo. La sentencia del TSJ de Andalucía concluye que la objeción en el caso del aborto “no es un derecho fundamental”. “Por el contrario, es objeto de una regulación legal ordinaria a la que el interesado debe sujetarse en cada caso concreto estando excluida de la misma la atención médica anterior y posterior a la intervención propia de la interrupción del embarazo”. El reconocimiento de un derecho a la objeción de conciencia de alcance general a partir del artículo 16 de la Constitución equivaldría en la práctica a que la eficacia de las normas jurídicas dependiera de su conformidad con cada conciencia individual, lo cual supondría socavar los fundamentos mismos del Estado de derecho”, señalan los jueces.
Chipre pagará un alto precio por la ayuda europea. El memorando de entendimiento (MoU) desgrana en cinco capítuos los cambios que deberá acometer el Gobierno. Entre las medidas, se incluyen algunas tan duras como recortes de gastos en servicios básicos, bajadas de sueldos y pensiones, despidos de funcionarios y subidas de impuestos generalizadas; y otras simbólicas, como la prohibición de que los ministros vuelen en business. Ese privilegio se reservará a partir de ahora al presidente de la República y al del Parlamento.
Las federaciones nacionales de transportistas consideran “frustrantes” para el sector las enmiendas presentadas por el PP al proyecto de modificación de la ley de transportes. Las enmiendas no mejoran las medidas de protección al sector ni limitan la desregulación del transporte de ligeros. Respecto del transporte ligero, sigue sin establecerse la exigencia de que las personas que accedan a dicho subsector del transporte tenga que cumplir ningún requisito, lo que en la práctica supondrá el acceso incontrolado de miles de personas ajenas al sector con la consecuente competencia desleal para los 45.000 transportistas que actualmente operan en dicho subsector. Respecto a las medidas de protección para el transportista, especialmente la acción directa, esto es, la posibilidad de que el transportista pueda reclamar al cargador el precio del servicio del transporte en caso de impago por parte del intermediario, la enmienda planteada por el Partido Popular continúa limitando el ejercicio de tal derecho, a diferencia de lo que ocurre en los países de nuestro entorno.
Cataluña. Elaborado el Anteproyecto de ley que regula el régimen jurídico aplicable a la seguridad de las actividades, las instalaciones y los productos industriales. El citado anteproyectos se somete a información pública, para que las persona afectadas pueden examinarlo y fomrular las alegaciones y observaciones oportunas, y se puede consultar en la página web del Departamento de Empresa y Empleo.
El FMI alerta del riesgo de burbuja por los estímulos de los bancos centrales. Por eso, la institución reclama nuevas medidas de prudencia en material de requerimientos de capital, supervisión financiera y provisiones, entre otros, para mitigar los peligros. Los bajos tipos de interés animan a instituciones financieras como los fondos de pensiones, las compañías de seguros y fondos mutuales a aumentar sus riesgos en busca de rentabilidad, lo que “ayuda a poner el valor de algunos activos más allá de su valor fundamental”. Según el informe, ya hay una “evidencia de burbujas emergentes” por este motivo que se abordarán con más concreción en próximos estudios.
La vivienda en España se abarató un 12,8% a lo largo de 2012, lo que supone un recorte sin precedentes en toda la UE, según los datos que ha presentado Eurostat. El ajuste del sector inmobiliario multiplica por seis la media europea y por siete la del euro. En Irlanda, los precios inmobiliarios han frenado con fuerza su descenso en los últimos meses, al pasar de bajar un 9,6% a hacerlo un 4,5%. Además, suben en tasa intermensual, lo que podría apuntar a que el final del ajuste está cerca. Con respecto a España, la Comisión Europea estima que hasta que la oferta, que sigue pecando por exceso ante la abundancia del stock, no se acerque a la demanda, a la baja por el paro y la falta de crédito, no se solucionará el problema del ladrillo, de ahí el persistente descenso de los precios.
