El Ministerio de Empleo planea privatizar parte de la gestión del FOGASA. Así lo ha denunciado la federación de Servicios Públicos de UGT (FSP), tras acceder al Programa de Viabilidad del Gobierno para este organismo. n concreto, según este documento, se privatizará «temporalmente» la gestión de los expedientes atascados e «indefinidamente» la gestión de la atención telefónica. Para ello, los responsables de Empleo plantean la puesta en marcha de dos programas. El primero, denominado Greta, consistirá en «contratar la realización de actividades necesarias para el trámite de los expedientes pendientes. Esta acción es temporal y transitoria. Desaparecerá al eliminar la bolsa de expedientes atascados», indica el texto elaborado por los responsables de Empleo.
El TS modifica la tributación de las participaciones empresariales en empresas no cotizadas en el impuesto sobre el patrimonio. El Supremo, en sentencia del mes de febrero, entiende que la interpretación seguida por Hacienda resulta incorrecta y exige que el impuesto sobre el patrimonio recoja el valor de las acciones en función del último balance cerrado del ejercicio en curso, incluso si ello se produce «con posterioridad a la fecha de devengo». Por temas de calendario y devengo, sucedía que, por ejemplo, en el impuesto sobre el patrimonio de 2012, las participaciones empresariales se calculaban por el balance aprobado en el ejercicio 2011. El desfase generaba distorsiones en el caso de que una compañía repartiera dividendos ya que ello no se reflejaba en el valor de las acciones imputadas en el impuesto sobre el patrimonio.
Efectos de la aplicación por los establecimientos hoteleros de la reducción del 30% sobre la superficie declarada en el IAE prevista en la Ley 16/2012. La norma evita que los establecimientos hoteleros opten por darse de baja y alta cada seis meses evitando el colapso de los servicios municipales. El nuevo texto también abre la puerta para que los hoteleros que así lo interpreten puedan reclamar con carácter retroactivo las cuotas que han abonado durante los cuatro ejercicios que no han prescrito. Una iniciativa que si cuaja puede provocar un agujero en las arcas municipales, gravemente perjudicadas por la caída del IBI en paralelo al crac inmobiliario. Este tributo supone el 20% de sus ingresos.
Cantabria prohibe el ‘fracking’ en su territorio. La norma supondrá proteger los recursos naturales y el paisaje, y defender los acuíferos, prohibiendo el ‘fracking’ mientras no estén “definitivamente despejadas las incógnitas” que genera. Todos los grupos parlamentarios han coincidido en la necesidad de esta ley, aunque desde la oposición, regionalistas y socialistas no han ocultado sus “dudas” y piensan que puede quedarse en una “farsa”, porque el ministro de Industria es partidario de esta técnica, y temen que el Gobierno central, o 50 diputados o senadores, recurran la ley cántabra y quede en suspenso.
