Remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley de Costas de 1988. Se define mejor el alcance del dominio público marítimo-terrestre y se aplicarán criterios estrictamente técnicos para deslindar la costa con la consiguiente seguridad jurídica para propietarios, concesionarios y usuarios. los bienes del dominio público marítimo-terrestre se deben inscribir en el Registro de la Propiedad y, además, la información sobre los deslindes se tendrá desde que se inicie un nuevo deslinde. Por último todos los ciudadanos accederán vía Internet a los deslindes. Ante la perspectiva del vencimiento de las concesiones vigentes a partir de 2018, se establece la posibilidad de una prórroga extraordinaria de las otorgadas antes de la entrada en vigor de la Ley de reforma por un plazo máximo de 75 años. No obstante, en determinados casos será necesario un informe ambiental específico para otorgar la prórroga.
Modificación de la normativa para el régimen de pagos directos a la agricultura y ganadería para la campaña 2012-2013. Las modificaciones introducidas suponen la disminución del período de retención en las explotaciones vacunas que hayan solicitado prima a la vaca nodriza. Se mejoran las prácticas agronómicas en materia de empleo de semillas, tratamientos fitosanitarios y de fertilización en el ámbito del Programa para el fomento de la calidad de la remolacha azucarera. La nueva norma adecua la ayuda relativa al programa nacional para fomento de actividades agrícolas específicas en el sector de los frutos de cáscara a la Decisión de la CE que fija los importes en 103 euros/hectárea y 84 euros/hectárea para la gestión de los restos de la poda.
El Gobierno baraja si modificar o suprimir la tarifa de último recurso. Si desaparece la llamada TUR, los afectados están claros: 20 millones. Si se reduce el límite de potencia contratada, el número dependerá de dónde fije Soria el corte entre los 10 kilovatios que establecen la frontera TUR-Mercado hoy y los tres kilovatios que dan derecho a acogerse al llamado bono social. Fuentes de Industria se limitan a señalar, sin más detalles, que la reforma no es inminente y que, en todo caso se trata de profundizar en la liberalización del mercado en busca, siempre, de la mayor competencia y el beneficio de los usuarios.
Nuevas disposiciones para asegurar la adaptación de las explotaciones de porcino a la normativa sobre protección de cerdos. Se fijan, para ello, las condiciones que deberán cumplir los productores que no hayan concluido el proceso de adaptación de las explotaciones a las nuevas condiciones para el alojamiento de las reproductoras, estableciendo como requisito la presentación, a la autoridad competente, de un calendario de modificación de las instalaciones. Para aquellos productores que no tengan previsto modificar las instalaciones se fija la obligación de presentar un plan de ajuste que podrá suponer el cese o suspensión de la actividad ganadera, la modificación de la clasificación zootécnica o la disminución del censo de la explotación. El real decreto contempla, igualmente, las medidas a adoptar por parte de las autoridades competentes en caso de incumplimiento de la normativa a partir del 1 de enero de 2013 y puntualizaciones sobre las medidas sancionadoras.