La Agencia Tributaria ha organizado una plataforma telefónica para prestar el servicio de información tributaria en materia de aduanas, a la que tendrá acceso de lunes a viernes, desde las 9 a 19 horas (de 9 a 15 horas durante el mes de agosto), llamando al número de teléfono 901.33.55.33. En el mismo hay un área expresamente encargada de resolver cuestiones aduaneras, donde contestarán a las dudas que usted les formule. Las solicitudes de información tributaria en materia de aduanas pueden formularse por escrito o a través de la Sede Electrónica de la AEAT.Remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado. La norma, dirigida a asegurar la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio nacional, está inspirada en el principio de licencia única y legislación de origen, que ya funcionan en el Mercado Único europeo. De esta forma, cualquier producto o servicio producido al amparo de cualquier normativa autonómica podrá ser ofertado en todo el territorio nacional sin necesidad de trámite adicional.
Aprobado el Real Decreto por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del derecho de la UE. Cuenta con un procedimiento general, aplicable a cualquier tipo de Administración y entes públicos y ante cualquier incumplimiento de Derecho europeo, transparente y con todas las garantías, que permite que cada Administración asuma la responsabilidad que le corresponda por incumplir obligaciones europeas. Es un procedimiento eficaz y ágil que fomenta la resolución anticipada y convencional. Además, se mejoran las garantías de pago por parte del sujeto realmente incumplidor, lo que contribuye a un reparto más equitativo de responsabilidades. En el caso de no producirse el pago voluntario, el pago de la deuda se encuentra garantizado mediante la compensación, deducción o retención en el sistema de financiación.
Remisión a las Cortes el convenio entre España y la República Argentina para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, así como de su protocolo y memorando de entendimiento, y se solicita su tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia. Por lo que se refiere a la entrada en vigor del nuevo convenio, ésta se producirá con el intercambio de los instrumentos de ratificación, si bien, se ha establecido la aplicación retroactiva del mismo al 1 de enero de 2013, momento en el cual el convenio denunciado dejó de ser aplicable.
El Gobierno de Grecia ha acordado con la ‘troika’ la reducción del plan de ajuste del funcionariado a la mitad, en el marco de las negociaciones para desbloquear el siguiente tramo del rescate, de 8.100 millones de euros. Atenas ha logrado rebajar de 25.000 a 12.500 los funcionarios que tendrán que acogerse al plan de movilidad laboral. A cambio, tendrá que acelerar el ajuste y concluirlo en ocho meses.
Hasta 1,8 millones de trabajadores podrían sufrir un deterioro de sus condiciones laborales, según los sindicatos. El lunes 8 de julio finaliza el límite de un año dado por la reforma laboral a la prórroga automática de los convenios denunciados y pendientes de renovación (‘ultraactividad’), con lo que se abre un periodo de incertidumbre y previsible litigiosidad en el que muchos trabajadores podrían ver decaer el convenio que les ampara, con la consiguiente pérdida de derechos laborales. El presidente de la patronal CEOE, ha afirmado que «de ninguna manera» teme una oleada de conflictividad a partir de esa fecha y ha asegurado que en las últimas semanas se están negociando «muchísimos convenios».
La CE ha planteado armonizar en la UE el plazo de liquidación de las empresas en quiebra, imponiendo un procedimiento rápido, con el objetivo de facilitar una segunda oportunidad a los empresarios al tiempo que se protege el derecho de los acreedores a recuperar su dinero. En la UE, quiebra cada año una media de 200.000 empresas, lo que resulta en la pérdida de 1.700.000 puestos de trabajo directos. Una cuarta parte de estas quiebras incluyen un elemento transfronterizo. Las diferencias entre las legislaciones nacionales en materia de insolvencia, alega Bruselas, pueden crear inseguridad jurídica y un entorno empresarial hostil.
