El borrador del anteproyecto del real decreto que modifica el Reglamento General de Circulación reduce la velocidad máxima a 90 kilómetros por hora en las carreteras convencionales con arcén de 1,5 metros, establecida actualmente en 100, y propone subir la velocidad a 130 km por hora en vías rápidas. La propuesta eliminaría la práctica totalidad de las exenciones en el uso obligatorio del cinturón, de tal manera que, por ejemplo los taxistas, los distribuidores de mercancías o los pasajeros de vehículos de servicios de emergencia tendrían que ponérselo. Las mismas fuentes han puntualizado que este proyecto no es definitivo, que puede variar y que alguien “lo ha puesto en circulación de forma desordenada creando confusión”. De prosperar la iniciativa, los ciclistas tendrán que llevar el casco en todo tipo de vías, al igual que los conductores de motocicletas y ciclomotores para los que se suprime la exención médica para no utilizarlo.
El gobierno mantendrá el examen de acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales. El primer borrador del proyecto de Ley de Servicios Profesionales (LSP) apuntaba a la supresión de la prueba estatal obligatoria tras la realización del periodo lectivo del máster y las prácticas. Sin embargo, casi dos meses después el subsecretario de Estado de Justicia, Juan Bravo, “después de haber tenido varias reuniones en este tiempo con los ministerios de Economía y Educación y con algunos actores jurídicos implicados, hemos reconsiderado la decisión y creemos que lo más adecuado y coherente es mantener el examen de acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales. Así que la supresión está totalmente descartada”. Pero el examen se va a estudiar y reformar por completo. El número tres del ministerio que dirige Ruiz-Gallardón cree que en junio de este año podría aprobarse una orden ministerial al respecto y que previsiblemente “el primer examen podría producirse aproximadamente a finales de enero o principios de febrero de 2014”.
La Comisión Nacional de Energía ha abierto un expediente informativo a las petroleras por el llamado “efecto lunes”, que consiste en que los operadores bajan los precios este día de la semana -cuando la CE recoge datos para las estadísticas-, y vuelven a subirlos a partir del martes. Tras aprobar un informe sobre ese “efecto”, la CNE abre ahora un expediente informativo con el fin de determinar su causa e identificar qué operadores pueden ser los responsables de esas actuaciones.