La Seguridad Social registró al cierre provisional del ejercicio de 2012 y en términos de contabilidad nacional un déficit de 10.131 millones de euros, lo que equivale al 0,96% del PIB, frente al equilibrio previsto inicialmente. La recaudación por cotizaciones sociales ascendió a 101.106,03 millones de euros, lo que representa una disminución de 3,99 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior, consecuencia del descenso de la cotización de ocupados en un 4,82%, y el aumento de la cotización de desempleados que registra un subida del 3,65%.
La recaudación que aportan los impuestos propios de las comunidades autónomas representan solo un 1,8% de los ingresos tributarios, según un informe del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF). El documento concluye que los costes de gestión de algunos de estos tributos superan la recaudación que se obtiene de ello. Para evitar el caos normativo y ya que muchos de estos impuestos se parecen y tratan de gravar el mismo hecho imponible, el REAF propone que el Estado establezca determinados impuestos medioambientales y los ceda a las autonomías para que tengan capacidad normativa sobre determinados elementos de los mismos.
La reforma laboral no potencia los convenios de empresa. Tras un año entero con la nueva normativa, el número de trabajadores que tienen como referencia un convenio sectorial provincial es del 49%, un porcentaje muy parecido al registrado antes de la reforma. Esta proporción sigue también siendo un poco mayor (el 60%) en las empresas de más de 50 trabajadores. No se está produciendo una huida de los convenios sectoriales a los de empresa. La estructura (de la negociación colectiva) es muy pétrea e impermeable a las modificaciones legislativas”. A partir del 8 de julio decaerán los convenios vencidos no renovados. “La mayoría de las veces que ocurra esto no será fácil identificar cuál es el convenio superior de referencia;y no siempre habrá uno”. Si no lo hubiera, algunos expertos aconsejan a los empresarios que se queden sin convenio de referencia y decidan incorporar a los contratos las mejoras del convenio vencido “ que lo especifiquen por escrito y lo limiten en el tiempo”.
Una comisión de diez expertos empezará a examinar en los próximos días distintos escenarios de reforma de las pensiones en Francia. El documento enviado por el Gobierno socialista a los especialistas indica tres vías de actuación. La primera será ampliar “la duración efectiva de la actividad” de los trabajadores y elevar la edad de la jubilación, que hoy se cifra entre los 60 y los 62 años. El segundo elemento básico es el nivel de los recursos, es decir las cotizaciones sociales que financian las pensiones. El tercer retoque importante tendrá que ver con el poder adquisitivo de los pensionistas. Según el Ejecutivo, el sistema permite hoy a los jubilados un nivel de vida medio cercano al de los activos y ligeramente superior al del resto de la población”, lo que parece anunciar que las pensiones no se revalorizarán tanto como la inflación, salvo cuando haya “importantes desigualdades”.
Los tribunales británicos se están convirtiendo en un escenario cada vez más habitual para las compañías españolas con una situación financiera delicada. No se trata de reclamaciones de sus acreedores, sino que son ellas mismas quienes acuden a las leyes de Reino Unido en busca de ayuda para forzar acuerdos de refinanciación de su deuda que les permita evitar el concurso de acreedores o, directamente, su liquidación. El gran atractivo de la legislación anglosajona es que el juez puede obligar a todos los acreedores a aceptar un acuerdo de refinanciación si el 75% está de acuerdo, mientras que en España es necesaria la unanimidad.
