El Gobierno creará un Registro de Sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler, donde se recogerán los datos de todos los ciudadanos que hayan sido condenados en firme, judicialmente en un desahucio o por la vía del laudo arbitral, por no haber cumplido sus obligaciones de pago para que puedan ser conocidos por los arrendatarios. Así lo recoge una de las 18 enmiendas presentadas en el Congreso por el PP al Proyecto de Ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas. Para consultar esta información, deberán «presentar una propuesta de contrato de arrendamiento en la que se identifique al eventual arrendatario, limitándose la información a la que tendrá derecho a los datos que consten en el Registro, relacionados exclusivamente con dicho arrendatario».La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda (IHE) presentó ayer una solicitud formal para que el plan de control tributario de este año incluya «expresamente» la comprobación de las declaraciones de la amnistía fiscal. Los inspectores, que siempre se han mostrado muy críticos con la aprobación de la amnistía fiscal, entienden que es preciso «comprobar que el origen de las rentas no procede de actividades delictivas». En caso contrario, señalan, deben «remitir la información a jueces y fiscales. Señalan que en el caso de contribuyentes con actividad empresarial resulta frecuente que «los ingresos procedan de ventas no declaradas». Así señalan que debería verificarse si los empresarios que se han acogido a la amnistía han «presentado las correspondientes declaraciones complementarias de IVA». La organización de inspectores apunta otras casuísticas que pueden quedar impunes si no se revisan las declaraciones.
Las familias que se declararon en concurso de acreedores (suspensión de pagos y quiebras) ante la imposibilidad de afrontar sus pagos y deudas ascendieron a 235 durante el cuarto trimestre de 2012, lo que supone un aumento del 15,2% respecto al mismo trimestre de 2011. Por su parte, las empresas concursadas se dispararon un 42,4%, hasta sumar 2.349 procedimientos de quiebra, según la Estadística de Procedimiento Concursal del INE.
El Parlamento Europeo ha aprobado que la reforma de la Política Pesquera Común (PPC) ponga fin de manera progresiva a los descartes, para que la flota no pueda devolver al mar las capturas, en la mayoría de los casos ya muertas, que no le interesan por su escaso valor comercial. Los eurodiputados también han dado su respaldo a que el Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) sea la base de la gestión de todos los recursos a más tardar en 2020, y que se incentive la pesca más selectiva.
El Ministerio de Industria ha elaborado una propuesta de resolución para la aplicación en 2013 del llamado decreto del carbón en la que reduce en un 20% el volumen y la energía del mineral nacional que podrá ser quemado en nueve centrales térmicas a un precio incentivado. El retraso en la publicación de esta resolución se suma al bloqueo en la concesión de los 111 millones de euros de ayudas al sector correspondientes a 2013, lo que agrava la situación de las empresas mineras
El precio medio de venta en las estaciones de servicio durante la primera semana de febrero fue de 1,453 euros por litro, en el caso de la gasolina, y de 1,378 euros en el del gasóleo. En lo que va de año, el precio de ambos carburantes acumula un incremento del 3,7 % en el caso de la gasolina y del 1,1 % en el del gasóleo. La supresión de la exención fiscal a los biocombustibles y la apreciación del dólar frente al euro son las dos razones que justifican ese incremento.
El precio medio de venta en las estaciones de servicio durante la primera semana de febrero fue de 1,453 euros por litro, en el caso de la gasolina, y de 1,378 euros en el del gasóleo. En lo que va de año, el precio de ambos carburantes acumula un incremento del 3,7 % en el caso de la gasolina y del 1,1 % en el del gasóleo. La supresión de la exención fiscal a los biocombustibles y la apreciación del dólar frente al euro son las dos razones que justifican ese incremento.
El número de pisos con un precio de venta inferior a 200.000 euros está creciendo con la crisis económica, según datos de la inmobiliaria Judith Strub, del grupo Cat Real Estate, que destaca que actualmente se venden los ‘miniprecios’ o las piezas únicas y diferenciales. En concreto, indica que en Barcelona capital hay ofertas de casas de hasta 100 metros cuadrados por unos 200.000 euros, que son los que más se venden. El perfil del comprador de estas viviendas es mayoritariamente el pequeño inversor que compra para alquilar, buscando una rentabilidad del 6%.
