El Fogasa pagó en 2012 algo más de 1.530 millones de euros, un 2% más que el año anterior y un 22% por encima del presupuesto previsto por el Ministerio de Hacienda. Algo más de dos tercios del gasto del Fogasa se destinaron al pago de indemnizaciones: 1.028 millones de euros, un 4,8% más que el año anterior. El otro tercio, el pago de salarios, ha descendido: 502 millones, un 3,4% menos que en 2011. Solo en los tres primeros trimestres de 2012, pidieron concurso 4.261 empresas, un 27,9% más que en el mismo periodo del año anterior y Fogasa debe destinar a cubrir los sueldos e indemnizaciones de las empresas concursadas: 643 millones de euros en 2012, un 7,3% más que en 2011.
Suiza podría limitar en los próximos meses el número de trabajadores europeos admitidos en la Confederación Helvética ante la llegada masiva de inmigrantes españoles, portugueses e italianos. El Gobierno se plantea activar una “cláusula de salvaguardia” incluida en el acuerdo que firmó con Bruselas en 1999 sobre libre circulación de personas. No está claro, sin embargo, que el Gobierno vaya a dar el paso definitivo por motivos económicos y políticos. Sectores como la agricultura y el turismo necesitan de una mano de obra europea barata para seguir siendo competitivos.
La economía española aún no ha dejado de destruir empleo. Según expertos consultados, el mercado aún podría ajustar entre 300.000 y 400.000 puestos de trabajo antes de recuperarse. La mayoría de sus previsiones apuntan a que el PIB empezará a crecer a finales de 2013 pero no se creará empleo hasta la segunda mitad de 2014. La banca, el sector público y la construcción concentrarán el ajuste. Hay quien apunta que el sector de la construcción debería quedarse con un suelo de unos 800.000 ocupados, para lo que deberían recortarse unos 200.000 puestos de trabajo.
El ingreso de impuesto de matriculación, transferido a las autonomías, fue de 338,56 millones de euros en 2012, un desplome del 30% respecto a los 483,92 millones de euros de 2011, según datos de la Agencia Tributaria. Este descenso de la recaudación se explica por la caída de las ventas de coches, que retrocedieron un 13,4% en 2012, pero también por la orientación de la demanda hacia coches más eficientes, que tributan a los tipos más bajos e incluso están exentos del impuesto.
Los contratos de confidencialidad de los empleados clave tienen como objetivo evitar las filtraciones de datos y facilitar las reclamaciones judiciales cuando fallan los controles. En el caso de los contables y auditores, la habilidad de guardar silencio es un bien especialmente cotizado por las empresas que les contratan. Y para asegurar su discreción, les hacen firmar contratos de confidencialidad que, de saltárselos, facilitan las reclamaciones por vía judicial. Los empleados que revelan información contable de su empresa pueden perder su puesto de trabajo. La cuestión está en determinar si los datos contables son considerados secretos de empresa y si revelándolos el trabajador incurre en conductas ilícitas.
