La morosidad del sector financiero español continuará al alza en la segunda mitad del año y previsiblemente rozará el 14% al cierre del ejercicio, según el avance del boletín conjunto de Gesif y Asesor de seguimiento de la morosidad. Las compañías subrayan que la tasa de mora continúa en ascenso pese a que la variación interanual es inferior a los dos puntos porcentuales. «En los próximos meses asistiremos a un crecimiento en la morosidad con tasas moderadas, de una cifra, aproximándose paulatinamente a cero», explica el avance del boletín correspondiente a agosto.
Los puertos españoles dejarán de ingresar por la rebaja de las tasas que el Gobierno central pretende aplicar, y que será de un 8,5% en las de ocupación y un 5% en las de utilización, unos 50 millones de euros menos, un «esfuerzo ahora» por el que, según la ministra de Fomento, Ana Pastor, «van a crecer nuestros ingresos después». Pastor, quien la ministra de Fomento ha explicado que con esta rebaja, aunque suponga dejar de ingresar esa cantidad, va a «hacer los puertos más atractivos» y permitirá seguir atrayendo cargas.
El TSJ de Murcia considera procedente el despido disciplinario de un trabajador por fumar en el vestuario de la empresa. En una sentencia considera que, además de estar prohibido por ley, es una actitud «contraria al respeto de la higiene, ya que al vestuario acuden diversas personas cuya salud puede verse afectada, produciendo, en contra de la limpieza ambiental, una emisión de humo oloroso, que ensucia o perjudica al medio ambiente, contaminando el aire y más en un entorno cerrado».
La nueva Ley general de Telecomunicaciones, que el Gobierno prevé aprobar de forma inmediata – próximo 13 de septiembre– supondrá un cambio radical. La nueva normativa supone una apuesta por la unidad de mercado, como fórmula para facilitar al máximo el despliegue de redes eliminando o reduciendo cualquier traba o norma local que dificulte o encarezca el tendido de nuevas infraestructuras fijas o móviles por parte de los operadores. De esa forma, la nueva LGT corregirá la fragmentación normativa y fiscal actualmente existente, fruto de la actividad de comunidades autónomas y ayuntamientos en las últimas décadas.