El Gobierno facilita los despidos colectivos en la Administración. La reforma laboral creó la “insuficiencia presupuestaria” como causa económica de despido objetivo en la Administración. El reglamento de ERE publicado ayer define este concepto: se dará cuando la Administración de la que depende el departamento que lo lleve a cabo haya cerrado con déficit el año anterior y el presupuesto del ejercicio en el que se quiere reducir plantilla baje un 5%, o un 7% en los dos anteriores. Para contabilizar esta caída, también bastará cualquier reducción decretada durante la ejecución presupuestaria. La norma recae sobre el personal laboral contratado, no sobre los funcionarios. Así el colectivo de potenciales afectados asciende a unos 700.000 empleados, según el Ministerio de Administraciones Públicas, y a los asalariados de empresas e instituciones públicas, más de 150.000 en la última EPA.
La economía española ha encadenado ya su quinto trimestre consecutivo en recesión. Pero esta vez, la estimación provisional del INE, tiene una lectura algo menos pesimista. El PIB descendió un 0,3% entre julio y septiembre, lo que supone un ligero respiro respecto al trimestre anterior, cuando la caída fue de cuatro décimas, según la información publicada este martes por el INE. Todo apunta, sin embargo, a que la tibia moderación en la caída del PIB, las señales de una recesión menos intensa, son efímeras. El dato está distorsionado por la reacción del consumo privado (anticipar compras) a la subida del IVA.
La Generalitat de Cataluña limita a 72 horas de apertura semanal y un máximo de ocho festivos para abrir el comercio. El decreto aprobado ayer incluye algunas medidas que la Generalitat ya tenía perfiladas para incluir en la nueva ley comercial, paralizada por el adelanto electoral. Una de ellas es una excepción para que los establecimientos comerciales de menos de 300 metros cuadrados y especializados en ocio y cultura que no pertenezcan a ningún gran grupo puedan abrir en festivo.
Los ministros de Transporte de la UE llegaron ayer a un acuerdo político que permitirá a los gobiernos limitar la venta de los derechos de despegue y aterrizaje que las aerolíneas tienen adjudicados en los aeropuertos europeos. El acuerdo requiere que la intervención gubernamental esté justificada y obtenga el visto bueno de la Comisión Europea, pero todavía no se ha definido qué condiciones deberá cumplir ese veto gubernamental para estar justificado y la aprobación del veto por parte de Bruselas se hará a posteriori, no a priori, como solicitaba el Reino Unido.
Economía presenta el programa de colaboración público-privada Innvierte, que cuenta con 234,5 millones de euros en compromisos de inversión para apoyar a pymes innovadoras. Parte de las inversiones comprometidas para la primera fase corresponden a fondos públicos del programa, mientras que el resto son facilitadas por las siete grandes empresas colaboradoras. El programa va dirigido ayudar a empresas de base tecnológica e innovadoras que presenten un «alto potencial de retorno», pero cuyo perfil de negocio implica asumir «cierto riesgo».
