Apoyo a la financiación bancaria en 32.000 millones de euros
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- Líneas de Mediación del ICO, con una dotación de 22.000 millones de euros .
- Impulso a la estrategia de negocio dirigida a PYMES por las entidades bancarias saneadas, 10.000 millones de euros.
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Sistemas públicos de avales y garantías para la financiación bancaria que permitirán movilizar 1.720 millones de euros.
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- Refuerzo del capital de CERSA.
- Creación de una Línea de avales CESCE para PYMES.
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Impulso de la desintermediación bancaria y al capital riesgo, movilizando fondos por 2.176 millones de euros.
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- Constitución de un Fondo de Fondos encargado de licitar y adjudicar inversiones entre gestoras de capital riesgo en áreas y sectores vinculados a la internacionalización y la mejora de la competitividad.
- Creación de la Red Nacional de Incubadoras de Empresas
- Refuerzo de los programas de préstamos participativos en empresas
- Impulso a los business angels o inversiones informales
- Mejora del acceso a fondos para la implantación de PYMES españolas en el exterior
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Facilitación del acceso a los mercados de capitales para movilizar 3.300 millones de euros
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- Flexibilización del acceso al Mercado Alternativo Bursátil.
- Creación del Mercado Alternativo de Renta Fija (MARFI).
- Creación de la Línea de mediación de pagarés y bonos de empresa para facilitar la puesta en marcha del MARFI.
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Fondo de Titulización de préstamos a PYMES
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- Con una dotación de 3.000 millones de euros para avalar emisiones de fondos de titulización de préstamos a PYMES.
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Ampliación del Plan de Pago a Proveedores
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- Con una dotación de 2.684 millones de euros.
- Se podrán adherir las Entidades Locales de País Vasco y Navarra incluidas en el modelo de participación en tributos del Estado y determinadas entidades locales distintas del municipio.
- Se incluyen también obligaciones pendientes de pago derivadas de contratos de gestión de servicios públicos, bajo la modalidad de concesión, para facturas anteriores al 31/12/11.
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Medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales
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- Se establece un plazo de pago de 30 días para todas las operaciones privadas, ampliables como mucho a los 60 y se aumentan los intereses de demora.
- A su vez, las Administraciones Públicas en sus Planes de Ajuste deberán establecer una senda de reducción de sus deudas con proveedores, que será vigilada muy estrechamente.
- Ley reguladora de la facturación electrónica en las AA.PP.
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