El Consejo General del Notariado ha presentado el Órgano de Control de Cláusulas Abusivas (OCCA), con el que pretende facilitar la actuación coordinada de 3.000 notarios para una mayor protección jurídica del consumidor. El OCCA creará un archivo informático con todas las sentencias firmes que declaren abusiva una cláusula, de forma que pueda ser consultado por los notarios antes de conceder una escritura.
El Ibex 35 cedió ayer un 0,64%, en los 8.071,70 puntos, después de la tensión en los mercados, contagiados por el desplome de más del 6% del Nikkei. Popular se ha desplomado un 4,23% y ha liderado los recortes de la sesión. La prima de riesgo española se mantenía en los 305 puntos básicos. Francfort, que ha cedido también un 0,6%. El resto de principales plazas del Viejo Continente han evitado el signo negativo.
La UE ha dado de plazo hasta el 22 de julio a los Estados miembro para que adopten una directiva comunitaria sobre sociedades de inversión, que busca unificar criterios. Aunque España va con retraso, ya existe un anteproyecto de ley, en el que se esperaban pocas sorpresas, porque «el capital riesgo español ya estaba bastante regulado». El Gobierno relajará la normativa española, y que hasta ahora competía en situación de desventaja con países como Luxemburgo o Reino Unido, con una regulación mucho más flexible para la constitución de fondos de inversión. La primera medida es eliminar la autorización de la CNMV para los fondos cerrados de menos de 500 millones de euros y siempre que no asuman endeudamiento, un trámite que ahora se podía dilatar, en el peor de los casos, hasta medio año, mientras que la ley anglosajona permite hacerlo en 24 horas. Otra de las novedades es la inclusión de nuevas figuras para constituir un fondo.
La asociación de distribuidoras de electricidad con menos de 100.000 clientes, CIDE, expresa su «preocupación» ante la inminente reforma energética que prepara el Gobierno y advierte de que su aplicación «puede poner en peligro la supervivencia de una parte significativa de las empresas del sector». l presidente de CIDE ha asegurado que el recorte es «injusto» porque trata igual a las empresas grandes que a las pequeñas, cuando la situación es «obviamente muy diferente», ya que los socios de la asociación, fundamentalmente pymes y empresas familiares, solo tienen ingresos por la distribución y con márgenes muy reducidos.
