El sector bancario acumula unos 200.000 millones de euros en riesgo inmobiliario que el BE no tiene reconocidos como tal, por lo que no habrían sido dotados ni traspasados al banco malo, según estimaciones de la agencia de calificación Moody´s. La diferencia, es que ante un préstamo concedido a una promotora para la compra de camiones, el supervisor financiero español no lo catalogaría como riesgo inmobiliario, dado que su finalidad no es la construcción de un edificio, pero la agencia sí que lo haría porque esta es la actividad principal de la empresa que solicita el crédito. Desde el Banco de España atribuyen esta fuerte disparidad en los resultados al cambio metodológico que el supervisor financiero aprobó en 2011. “Antes las estadísticas estaban infladas”, aseguran fuentes del Banco de España, que sostienen que una empresa constructora o inmobiliaria puede desarrollar a su vez otras actividades para las que requiera crédito y que este no debe etiquetarse como exposición al ladrillo.
El BCE ha decidido mantener sin cambios los tipos de interés en el 0,75%, según esperaba el consenso de mercado. Pero Draghi ha reconocido que la decisión se ha tomado tras debatir la conveniencia de una rebaja y sin que haya habido unanimidad. Ha constatado la debilidad de los últimos datos conocidos y una contracción del PIB en el cuarto trimestre del 0,6% mayor de la esperada, por lo que la institución ha revisado a la baja las proyecciones para este año y el que viene. Así, el BCE prevé una contracción para la zona euro en 2013 del 0,5 %, frente a la del 0,3 % pronosticada en diciembre.
Uminsa y Coto Minero Cantábrico (CMC) han comunicado al juzgado mercantil de Madrid el “inicio de negociaciones con sus acreedores para lograr un acuerdo de refinanciación de sus deudas”. El grupo explica en una nota de prensa que no le ha quedado más remedio que recurrir al preconcurso ante la imposibilidad de hacer frente a los compromisos de refinanciación de su deuda después de que el Gobierno le haya denegado la ayudas del plan del carbón que le correspondían en 2012. También justifica su decisión por la drástica reducción de su producción, después de que las eléctricas hayan impugnado la resolución que establecía las condiciones para la compra obligatoria de carbón nacional en 2013 por considerar que el precio no cubre los costes.
