La directora de la Agencia Tributaria anuncia que los funcionarios de Hacienda visitarán negocios que tengan deudas fiscales y embargarán la caja del día. Esta medida forma parte de un amplio plan para luchar contra la economía sumergida. Estas son algunas de las medidas que se implementarán en los próximos meses: control de alquileres en zonas turísticas. Además, Hacienda utilizará internet para identificar a propietarios que ponen sus viviendas en alquiler. Se controlará que los empresarios de stands en ferias cumplan sus obligaciones tributarias. Conocer quiénes son los titulares de las embarcaciones de recreo. Comprobar la procedencia de la mercancía en los mercadillos. También comprobarán discotecas de verano, actividades extraescolares, fundaciones.
Aprobado el Real Decreto sobre las aportaciones económicas a realizar por las empresas con beneficios que realicen despidos colectivos que afecten a trabajadores de cincuenta o más años. El objetivo de la nueva normativa es regular el procedimiento para la liquidación y el pago de las aportaciones, incorporando aspectos instrumentales y cuestiones técnicas necesarias, para que los órganos competentes puedan liquidar y recaudar el pago de las mismas. El nuevo texto persigue lograr un efecto disuasorio que desincentive el despido de los trabajadores por razón de su edad, promueva la recolocación de aquellos que tengan más edad y contribuya a la valoración de sus capacidades laborales.
Aprobado el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada. La norma desarrolla lo establecido en la Ley del 6 de julio de 2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Se regula el nuevo papel de la autoridad laboral y sus funciones de vigilancia y control del desarrollo del período de consultas. Delimita de modo más objetivo las causas económicas, técnicas, organizativas o productivas que justifican la adopción de las medidas de reestructuración, suprimiéndose otras referencias normativas que han venido introduciendo elementos de incertidumbre. Regula de manera detallada el período de consultas. Concreta toda la información que el empresario debe aportar a los representantes de los trabajadores para garantizar que éstos sean suficientemente informados sobre la situación de la empresa y las circunstancias de las medidas previstas. Por lo que respecta a la regulación de los procedimientos de extinción y suspensión de relaciones de trabajo y reducción de jornada motivados por fuerza mayor, continúa exigiendo la constatación previa por parte de la autoridad laboral del suceso que motiva dicha fuerza mayor.
La reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que está preparando el Gobierno prevé que las personas que cumplan los requisitos para utilizar este servicio, lo puedan hacer un máximo de tres veces al año, salvo que se acredite que no hay abusos. Este principio no regirá para la vía penal, que no tendrá un tope de utilización. Toda esta reforma está supeditada a alcanzar un acuerdo con las Comunidades Autónomas. El Ministerio también se ha propuesto elevar el número de personas que puedan ser usuarios de este servicio. Ha propuesto elevar el umbral de ingresos, que pasará de 2 veces el Salario Mínimo Interprofesional a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
El fraude en la percepción de subvenciones o en la aplicación indebida de ayudas públicas no se castigará finalmente por la vía penal si las cantidades defraudadas se reintegran antes de que den comienzo los controles y comprobaciones. Así consta en una de las tres enmiendas parciales presentadas por el PP al proyecto de ley de modificación del Código Penal en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social. La última enmienda ‘popular’ añade al proyecto de ley una nueva disposición adicional sobre los efectos de la declaración tributaria especial, precisando que se entenderá que el trámite se ha realizado en el plazo establecido teniendo en cuenta los plazos de cada tributo respecto de cada periodo impositivo en el que deba ser imputado.
El Ministerio de Agricultura ha presentado una propuesta para la clarificación y ordenación del sector del ibérico. El objetivo de la Administración es acabar con la actual situación de confusión y la falta de controles que existe desde la producción al etiquetado y a su comercialización.