Entre 2009 y 2012, la financiación de la I+D cayó más de un 31%, pasando de 4.174 millones de euros a 2.860. En 2013, el recorte es de un 13,9%, según datos de la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce). Además, los presupuestos se quedan en gran parte sin gastar, lo que significa que el dinero invertido es menos aún. Ha reducido tan drásticamente su participación en los programas de la Agencia Europea del Espacio y las empresas del sector temen un desplome de actividad y empleo. Decenas de arqueólogos han visto paralizados sus trabajos internacionales, ya aprobados, porque Hacienda ha denegado los pagos.
El plan contra la exclusión social de Andalucía permitirá que entre 2.000 y 2.500 cuidadoras conserven su puesto tras las restricciones impuestas en la Ley de Dependencia. La consejera explica el destino de esos 20 millones de euros que su departamento transferirá durante este año a los Ayuntamientos y a las Diputaciones, que se encargan de contratar los servicios de ayuda a domicilio. “Esos 20 millones permitirán recuperar a unas 2.000 o 2.500 trabajadoras”. Su departamento estima que las últimas restricciones en la aplicación de la Ley de Dependencia podrían acarrear que “la bolsa de ayuda a domicilio cayera un 35%”. Los otros 40 millones del decreto destinados a medidas de empleo también irán a los municipios y a los sectores de población en riesgo. La idea de la Junta es abrir una convocatoria de empleo para los Ayuntamientos.
La Generalitat calcula que hay un millón de camas turísticas ilegales. Cataluña tiene más camas turísticas ilegales que legales. Casi el doble: un millón frente a 600.000, cuya ocupación media es de solo el 58%. Y estas 600.000 plazas incluyen los campings, de modo que si se habla de camas estrictamente (330.000 entre hoteles y casas rurales), las ilegales triplican las legales. Este es el cálculo oficial que consta en el Plan Estratégico de Turismo en Cataluña 2012-2016 y directrices nacionales de turismo 2020 que el Gobierno catalán tiene previsto presentar en mayo. El consejero de Empresa y Empleo se comprometió a combatir esta oferta con un proyecto destinado a regular unos alojamientos que van desde el alquiler de habitaciones en viviendas particulares hasta el arrendamiento semanal de masías de lujo.