Técnicos de Hacienda analizan la brecha salarial surgida en España entre las clases medias y bajas y los grandes patrimonios como consecuencia de la crisis económica, durante la celebración del XII Congreso Nacional. El encuentro sirve para conocer cómo los recortes aprobados en los últimos años han impactado en el poder adquisitivo de las rentas inferiores a los 33.000 euros anuales, que representan al 85% de los trabajadores, y que son las que han soportado el mayor peso de los ajustes fiscales como la subida del IRPF, el aumento del IVA o la reducción de salarios y supresión de la extra de Navidad a los funcionarios. Los Técnicos proponen una serie de iniciativas que por sí solas permitirían recaudar más de 60.000 millones de euros anuales sin necesidad de ampliar las diferencias salariales (de los que más de 3.500 millones se recaudarían en el País Vasco) y centrando las inspecciones sobre grandes corporaciones y patrimonios, que concentran más del 70% de la evasión fiscal.La Comisión Europea ha autorizado sin condiciones el sistema de bonificaciones fiscales al sector naval (‘tax lease’) del Gobierno español por considerar que no implica una ayuda pública, ya que no favorece a unas empresas frente a otras. El sistema de bonificaciones para el sector naval lleva en suspenso 17 meses, a raíz de una denuncia ante Competencia de astilleros holandeses, a la que después se sumaron países como Alemania y Noruega. El Ejecutivo comunitario ha explicado que la decisión de este martes de autorizar el nuevo sistema español no paraliza la investigación en marcha sobre si el anterior régimen incluía ayudas públicas ilegales.
El secretario de Estado de Hacienda anunció la creación de una Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional, que estará en funcionamiento en enero y que contará con 50 efectivos, para controlar los llamados precios de transferencia, es decir, los intercambios comerciales que se producen entre las empresas de un mismo grupo y que, muchas veces, tiene como objetivo único el de reducir los beneficios obtenidos en países con impuestos elevados e incrementar las ganancias en territorios con una menor presión fiscal. La Agencia Tributaria lleva años detectando que las grandes empresas y multinacionales logran reducir al mínimo los impuestos que pagan gracias a una «planificación fiscal agresiva». Las empresas, por su parte, señalan que una planificación fiscal para «optimizar» el pago de impuestos no supone ningún fraude. En cualquier caso, los Gobiernos europeos señalan que se están cometiendo excesos.
Las regiones solo van a disponer de 4.000 millones del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para abonar las facturas impagadas a proveedores. Eso solo representa un tercio del montante que se va acumular a final de año, por lo que las patronales están elevando la presión a Hacienda para que se eleve ese porcentaje. El Ejecutivo prioriza el pago de deudas tributarias o a la Seguridad Social antes que a proveedores. Por ello, las patronales están intensificando la presión a Hacienda para que priorice el pago de facturas a proveedores dentro del FLA frente a otros conceptos y que, en caso de que no se cubra todo el dinero disponible, se use para saldar esas deudas.
