El anteproyecto de Ley de Emprendedores incluirá facilidades en la concesión de visados y residencia a inversores extranjeros que traigan proyectos empresariales creadores de empleo, de impacto socieconómico destacable o relevantes para la innovación científica y tecnológica, ha anunciado este lunes la ministra de Empleo y Seguridad Social.El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas calcula que unos 5.900 ayuntamientos españoles son ineficientes porque prestan sus servicios a un coste superior del que podrían prestarlos, según los cálculos del departamento. En concreto, se trata de 5.583 pueblos de menos de 5.000 habitantes, el 92 por ciento del total, y de 344 de entre 5.000 y 20.000, el 60 por ciento. El cálculo de un coste estándar de los servicios que obligatoriamente deben prestar los ayuntamientos es la piedra angular de la reforma local que prepara el Gobierno y que mañana presentará a la Comisión Nacional de Administración Local. Las fuentes de Hacienda han asegurado que además se va a buscar el establecimiento de una «horquilla salarial» para los funcionarios locales, con la que evitar la enorme dispersión que hay entre ellos y entre todos ellos y los funcionarios del Estado.
La reforma del Código Penal endurece las penas y controles de los delitos económicos. El Anteproyecto desarrolla nuevos tipos de insolvencia punible para “quien oculte, destruya, cause daños o realice cualquier actuación que no se ajuste al deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos y que disminuya el valor de elementos patrimoniales…”. Para este delito agravado se prevén penas de prisión de hasta seis años, a las que se suman multas pecuniarias elevadas canjeables por más días en la cárcel, cuando en su configuración actual sólo se castiga la transferencia de activos dentro del alzamiento de bienes. El delito de bancarrota culpable también se aplica a quien realice operaciones de venta por precio inferior a su coste de adquisición, a quien simule créditos, a quien participe en negocios especulativos sin justificación económica, a quien lleve doble contabilidad, o a quien oculte, destruya o altere documentación.
Un despacho de abogados ha sido sancionado por pagar a cinco socios a través de sociedades interpuestas. Esta práctica, que podría ser habitual en la relación de los bufetes con sus socios y que ha sido censurada en una reciente resolución TEAC, del pasado 21 de marzo, queda en entredicho y puede costar más de un disgusto a las grandes firmas. Tal y como recoge la resolución, el caso afecta a cinco socios, que forman parte del despacho (sociedad profesional). La práctica sancionada consistía en que cada uno de ellos era a su vez socio mayoritario de una sociedad junto a algunos familiares, y a través de ella facturaban al despacho, logrando un importante ahorro fiscal. La resolución condena a la firma por haber permitido esta estructura y no haber practicado las retenciones fiscales oportunas a sus socios, dando la razón a la inspección de Hacienda. Diversos expertos coinciden al señalar que esta práctica no tiene por qué ser de por sí ilegal.
Las medidas para acabar con el déficit de tarifa afectarán «al régimen ordinario y al especial», esto es, a las tecnologías tradicionales y a las renovables. El ministro de Industria, Energía y Turismo adelantó que su contenido «no va a gustar».Las nuevas medidas, que el Gobierno está «perfilando» para «antes de final de junio», son «imprescindibles» y afectarán «a la parte regulada» del sistema eléctrico, señaló el ministro sin dar detalles, pero antes de recordar el fuerte crecimiento de las primas a las renovables y que la termosolar instalada en España equivale a un 75% de la mundial.
El Gobierno francés está estudiando poner en marcha un procedimiento de regularización fiscal. El ministro francés de Presupuestos ha remarcado que este proceso deberá ser «transparente» y conllevará sanciones para los defraudadores. El ministro subrayó que los procesos de amnistía fiscal «opacos» pertenecen ya al pasado, y remarcó que, si se cumplen las condiciones de transparencia y de derecho, «la lucha contra el fraude fiscal se intensificará» y se creerán las condiciones para que este proceso pueda llevarse a cabo.
