El Gobierno ha decidido eliminar las sanciones de precinto e inmovilización de los barcos en caso de infracciones por el uso de un carburante indebido o no autorizado, alegando que son de «nula eficacia» sobre todo por las «dificultades» de aplicarlas en los vehículos extranjeros, por lo que en su lugar duplicará las cuantías económicas de las multas. Así se deriva de una de las enmiendas que el PP ha presentado en el Congreso al proyecto de ley por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras, que serán debatidas el próximo martes en Ponencia y pasarán a la Comisión de Hacienda el jueves para su aprobación definitiva.El Ayuntamiento de Madrid aplicará desde este mes el llamado Madrid tax free, con el que las pymes madrileñas recibirán bonificaciones de hasta el 100% en todos los impuestos municipales excepto el IBI (el grueso de la recaudación tributaria local) y el IAE (sin apenas efectos en las pequeñas y medianas empresas), con un impacto económico todavía por definir, aunque supondrá varios millones de euros para las arcas municipales. A partir de este mes, este tipo de sociedades disfrutará de estas exenciones durante los dos primeros años.
Hacienda intenta atraer capitales a España, sobre todo, a aquéllos que se han acogido a la amnistía fiscal y a la nueva obligación de informar de sus bienes, cuentas e inmuebles en el extranjero, ya que la mayoría ha regularizado su situación con el Fisco español pero no se ha traído el dinero. La Dirección General de Tributos (DGT) ha emitido una consulta vinculante que suaviza el peaje fiscal para que los contribuyentes con bienes fuera se animen a repatriar sus fondos a España, tanto a traspasarlos de un fondo a otro como a ingresarlos en un fondo o sicav que esté gestionado por una comercializadora española. Hasta ahora, si decidían venir a España tenían que pagar un peaje fiscal a Hacienda del 27% del beneficio, ya que la norma establecía que al vender y traspasar estas cantidades se tributa. Con la consulta, se equiparan a los fondos homologados por la CNMV o gestionados por entidades españolas que sólo tributan cuando se rescata el dinero, el modus operandi del sistema fiscal español con fondos y sicavs.
Remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones. Impulso a la competencia y mejora de los servicios a los usuarios. Recuperación de la unidad de mercado, de manera que los operadores de telecomunicaciones desarrollen su actividad en un contexto de reglas únicas en la toda la geografía española. Se simplifican los procedimientos administrativos estatales para acceder al uso del espectro radioeléctrico. Se suprimen las licencias urbanísticas y medioambientales para el despliegue de redes de telecomunicaciones en dominio privado. Las licencias serán sustituidas por declaraciones responsables. Modifica otros textos legales como la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, del 11 de julio de 2002, introduciendo precisiones sobre las «cookies».
En 2012 las reclamaciones sobre seguros al Banco de España ascendieron a 2.967, más del doble respecto al ejercicio anterior. Los seguros más conflictivos, según la Dirección General de Seguros, son los multirriesgo, con un 30,74% de las reclamaciones y encargados de cubrir entre otros los partes de incendio y elementos naturales. En segunda posición, con un 14,34%, los de enfermedad, y en un tercer puesto, los de vida, con un 12,30% del total de reclamaciones recibidas. De otro lado, los que menos demandas reciben, asistencia, decesos y accidentes.
