El ministro de Agricultura cree que para el mes de julio el Parlamento Europeo podrá aprobar la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), y será a partir de entonces cuando el Gobierno negocie con las asociaciones de productores y las comunidades autónomas si la nueva normativa se aplica de forma nacional o «a la carta» en las diferentes regiones. Ha afirmado que el acuerdo alcanzado en marzo es «muy positivo» y que está «razonablemente satisfecho», aunque ha reconocido que aún hay espacio para la mejora y ha subrayado algunas enmiendas de la Eurocámara que serían positivas para los intereses españoles.
CC.OO. y UGT han propuesto las organizaciones empresariales varias propuestas para evitar que decaigan miles de convenios cuando el próximo 8 de julio finalice la llamada ‘ultraactividad’. La ministra de Empleo ha apelado este lunes a la responsabilidad de las partes para que «redoblen sus esfuerzos» y alcancen cuanto antes acuerdos en los convenios denunciados, llegando incluso a sugerir a sindicatos y empresarios que elaboren una especie de código de buenas prácticas que les ayude en este objetivo.
El Gobierno baraja ampliar la licencia exprés a pequeños supermercados. El Ejecutivo apuesta por ampliar más allá de los 300 metros cuadrados la superficie de aquellos establecimientos que se pueden ver beneficiados y que otros sectores puedan incluirse entre los que se puedan beneficiar de la licencia exprés. La intención del Ejecutivo de ampliar la superficie y el número de sectores ha puesto en guardia al pequeño y mediano comercio, que alerta que esta flexibilización puede convertirse en un coladero. “El 99,9% de los autónomos que optan por abrir un comercio no requieren un local de más de 300 metros cuadrados. Puede provocarse un coladero y que la medida finalmente solo favorezca a las grandes empresas”, recalca Manuel García-Izquierdo, presidente de la Confederación Española de Comercio, que agrupa a cerca de medio millón de establecimientos.
El TSJ de Madrid determina que “no basta con que la empresa deje de abonar el salario de un mes o dos para que tal impago pueda tipificarse, por sí solo, como la infracción de naturaleza muy grave prevista en el artículo 8.1 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social”. En una sentencia del pasado 4 de febrero rechaza la imposición de una sanción laboral de 15.000 euros a un empresario por el impago de dos meses de salario de un trabajador, cuya cuantía ascendía a 3.681 euros en total.
El Gobierno británico ha aprobado una subida del 1,9% del salario mínimo en Reino Unido, que pasará a ser de 6,31 libras por hora (7,45 euros) desde las 6,19 libras anteriores, lo que representa un alza superior al obtenido por la mayoría de trabajadores, aunque aún así queda por debajo de la inflación, situada actualmente en el 2,8%. Esta mejora del salario mínimo para trabajadores mayores de 21 años afectará a 1,79 millones de trabajadores en Reino Unido, de los que prácticamente dos terceras partes son mujeres, según estimaciones.