Actualiza la normativa de los pagos directos de la Política Agrícola Común. Con esta modificación se mantiene por un año más la prórroga de la ayuda nacional por superficie a los frutos de cáscara, con el objetivo de afianzar la estabilidad del mercado y amortiguar el paso del régimen de ayuda comunitario por superficie al régimen desacoplado que dio comienzo en 2012. Además, se actualizan las dotaciones financieras de algunas de las ayudas específicas sujetas, por normativa comunitaria, a un límite nacional. Se trata de las ayudas para mejorar la calidad de las producciones de ovino y caprino, y de las ayudas para paliar desventajas específicas del ovino, del caprino y del vacuno de leche.
El Gobierno ha adelantado la eliminación de trabas burocráticas para instalar antenas móviles. El Ejecutivo introdujo una disposición adicional en la ley de medidas urgentes de liberalización del comercio por la que se eliminan totalmente la previa obtención de licencias de funcionamiento autonómicas y municipales para prestar el servicio de telefonía móvil mediante estaciones o instalaciones radioeléctricas. Ahora, con la nueva legislación, las telecos pueden poner en funcionamiento las antenas únicamente con la licencia de obras y el certificado de emisiones del Ministerio de Industria. Los operadores de telecomunicación sí deben presentar declaraciones responsables o comunicaciones previas referentes a la puesta en marcha de estas instalaciones radioeléctricas en las que se manifieste de forma explícita que cumplen con los requisitos exigibles y que están en posesión de la documentación que así lo acredita.
Patronal y sindicatos pactan una histórica reforma laboral en Francia. Las empresas obtienen más rapidez seguridad jurídica en los procesos de despidos, y más libertad de acción en la gestión de sus crisis. Desde ahora, podrán —deberán— pactar con los sindicatos las medidas para garantizar el empleo, pero sin despidos; durante un máximo de dos años, las compañías en “graves dificultades” podrán reducir salarios y jornadas a cambio de mantener el empleo. Al otro lado de la mesa, los asalariados y parados ganan nuevos derechos.
El Ministerio de Administraciones Públicas ya ha transmitido la orden a algunos organismos públicos para que extremen el control sobre los funcionarios, con el fin de que cumplan su jornada laboral completa. Los centros tendrán que remitir trimestralmente un informe con el registro de entradas y salidas de los empleados. Otro de los ejes sobre los que se sostiene la actuación del Ministerio de Administraciones Públicas es la reestructuración del sector público empresarial. Buena prueba de ello ha sido la presentación de expedientes de regulación de empleo en sociedades como Paradores (finalmente se ha pactado un ERE con 350 despidos y el cierre de un centro frente a la propuesta inicial de 644 despidos y siete clausuras) e Ineco. Los sindicatos alertan de que no serán los últimos e incluso que peligra la viabilidad de alguna de las empresas públicas en el punto de mira del Ejecutivo. Un buen ejemplo es Tragsatec.
Los ingresos tributarios se desploman al 32,4% del PIB durante la crisis. Aunque Eurostat advierte en un informe publicado la semana pasada de que “los cambios en la legislación tienden a retrasar su impacto en los ingresos fiscales”, los datos incluidos en el documento revelan la debilidad del sistema tributario español y la profundidad de la recesión, que deprime los ingresos públicos aunque los tipos impositivos sean más altos.