Desde la entrada en vigor de la reforma laboral y hasta el pasado mes de febrero se han depositado ante las distintas autoridades laborales un total de 1.178 inaplicaciones de convenio que han afectado a 48.732 trabajadores. A lo largo de febrero de 2013 se han depositado un total de 245 inaplicaciones de convenios, un 32% más que enero, que afectan a un total de 11.996 trabajadores, un 62% más que en el mes anterior. El 75% de los trabajadores afectados por inaplicaciones se concentra en el sector servicios. Asimismo, el 50% de los trabajadores afectados se concentra en empresas de más de 250 empleados.La recaudación total procedente de la lucha contra el fraude ha crecido un 10,1% hasta los 11.517 millones de euros en 2012. Los ingresos por devoluciones minoradas caen un 6,8% hasta los 1.579 millones de euros, en un contexto de caída de las solicitudes de devolución por parte de los contribuyentes. El total de declaraciones extemporáneas presentadas por los contribuyentes en 2012, con y sin requerimiento previo, asciende a 1.011.155, un 2,3% menos que el año anterior. La recaudación por estas regularizaciones voluntarias aumentó un 32%, hasta los 1.539 millones de euros, una cuantía similar a la de años precedentes.
El coste por hora trabajada bajó un 3,1% en el cuarto trimestre de 2012 respecto al mismo periodo de 2011, su mayor descenso durante la crisis económica, según los datos provisionales del Índice de Coste Laboral Armonizado (ICLA) publicados por el INE. Entre las bajadas (sin eliminar el efecto calendario y la estacionalidad) destacaron la administración pública (-15,4%), actividades sanitarias y de servicios sociales (-9,9%) y educación (-5,3%). Por el contrario, el mayor crecimiento del coste laboral correspondió al suministro de energía eléctrica, con un aumento del 9,9%, seguido de las industrias extractivas (+9,7%), y de la industria manufacturera (+1,6%).
Una proposición no de ley exige al Gobierno más recursos para el Fogasa, ante los retrasos de entre uno y dos años en el abono de salarios e indemnizaciones a los trabajadores de empresas que se encuentran en situación legal de insolvencia o de concurso. Esta situación es generalizada en España. De hecho, los sindicatos del Fogasa en Valencia «han puesto en conocimiento del Ministerio de Trabajo el colapso que sufren», asegura Baldoví, que señala que «la respuesta que obtienen, según informa CC.OO., es siempre la falta de presupuesto». Hace unas semanas, el diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) también advirtió de que los afectados por ERE de todo tipo están sufriendo retrasos de hasta seis meses en el cobro de las prestaciones por desempleo por la falta de personal en el SEPE para hacer frente al control burocrático que ahora tienen encomendado y por el aumento de los expedientes que ha propiciado la reforma laboral. Por ello, el diputado catalán también exigía al Gobierno que adecue las plantillas del SEPE «ante la situación excepcional de incremento del paro».
