La comisión de Empleo de la Eurocámara ha pedido que las ayudas comunitarias para recolocar parados previstas en el Fondo de Adaptación a la Globalización se mantengan durante el periodo 2014-2020. Los eurodiputados reclaman además que estas subvenciones se extiendan a nuevas categorías de trabajadores, como los autónomos, incluyendo a los agricultores, y los temporales. Una minoría de bloqueo de Estados miembros pide que se suprima dentro de los recortes previstos para el próximo marco financiero de la UE.La OCDE elaborará un informe sobre las prácticas fiscales de las multinacionales encargado por el G-20. Los principales países desarrollados y emergentes se han puesto de acuerdo para intentar evitar las prácticas de ingeniería fiscal de las multinacionales para pagar menos impuestos. La organización propondrá al G-20 medidas de armonización fiscal para poner coto a esas prácticas. El problema es que esas medidas tienen que ser aplicadas de forma general para que sean efectivas. “Reino Unido y Alemania quieren tener sistemas fiscales competitivos que atraigan a las empresas globales a nuestros países, pero también quieren que las empresas globales paguen esos impuestos”, señala el comunicado, que deja claro que ambos plantearon el asunto en el plenario del G-20.
El Gobierno francés tiene previsto subir el IVA a partir del 1 de enero de 2014 y crear un nuevo impuesto ecológico, así como recortar el gasto público en 10.000 millones de euros adicionales durante dos años, con el objetivo de reducir la carga fiscal sobre el empleo y fomentar así la competitividad de la economía gala. Respecto al IVA, explica que el tipo intermedio, que es el aplicado habitualmente a la restauración y a los trabajos de renovación de viviendas, subirá del 7% al 10%, mientras que la tasa más alta aumentará del 19,6% al 20%. Por el contrario, el tipo reducido, que se aplica a los productos de primera necesidad, bajará del 5,5% al 5%. el Gobierno francés creará un fondo de 500 millones de euros para las pequeñas y medianas empresas que se enfrenten a problemas de financiación.
La nueva regulación europea clarifica la ley aplicable a nivel civil para herencias trasnacionales, pero los expertos demandan una unión fiscal. La nueva normativa comunitaria –reglamento nº 650/2012–, que tendrá que aplicarse en todos los países excepto Dinamarca, Reino Unido e Irlanda antes del 17 de agosto de 2015 , cuando entra en vigor, eliminará muchas de las formalidades existentes, supondrá una reducción de los trámites de los herederos para hacer valer sus derechos y permitirá unos procedimientos más rápidos y menos costosos. La principal novedad del reglamento es que se abandona el principio de nacionalidad que primaba hasta ahora y se opta por una sola ley aplicable, la del Estado donde el fallecido tenía su residencia habitual en el momento de su muerte, a no ser que hubiera optado previamente y ante notario por la ley de su nacionalidad. En el caso concreto de España, el abandono del principio de nacionalidad implica la derogación de lo establecido en el artículo 9.1 del Código Civil.
La Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (Asefiget) considera «abusivas» las nuevas sanciones incluidas en la ley antifraude, porque vulneran el principio de proporcionalidad al sancionar de igual manera un error o una inexactitud que un delito. Aunque la asociación comparte con el Ejecutivo la necesidad de luchar contra el fraude fiscal, reprocha que las nuevas infracciones tributarias y sus correspondientes sanciones son «desmesuradas» en el caso de errores o datos inexactos en autoliquidaciones o declaraciones.
El Gobierno suizo ha decidido reforzar el Servicio de intercambio de información en materia fiscal (SEI) con la creación de ocho nuevos puestos de trabajo, para poder hacer frente al «fuerte aumento» de las peticiones procedentes de otros país, según informó el Ejecutivo en un comunicado. «El Consejo Federal ha autorizado al Departamento Federal de Finanzas (DFF) a crear ocho nuevos puestos a partir de 2013 para hacer frente al fuerte aumento de las peticiones y garantizar que Suiza pueda continuar cumpliendo con sus obligaciones internacionales en materia de asistencia administrativa», explica.
