El paro registrado aumenta en 74.296 personas en noviembre, lo que supone un incremento del 1,54%. En total el paro registrado se ha situado en 4.907.817 personas. Las cifras de noviembre recogen el efecto puntual de la extinción de convenios especiales obligatorios de Seguridad Social para cuidadores no profesionales. De no haberse producido esta circunstancia el paro registrado habría aumentado en 36.313 personas, un 39% menos que en el mismo mes de 2011. El paro registrado desciende en la Comunidad Valenciana en (-3.101). Sube, por el contrario, en las 16 restantes, encabezadas por Andalucía (23.553) e Illes Balears (9.226). El número de contratos registrados durante el mes de noviembre ha sido de 1.151.771, lo que supone una bajada de 66.059 (-5,42%).
El colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estima que la Agencia Tributaria habría recaudado entre 5.300 y 8.700 millones de euros si hubiera aplicado los tipos de gravamen que corresponden realmente al dinero negro acogido a la amnistía fiscal y que, según los datos oficiales, supone cerca de 12.000 millones en patrimonio aflorado. Además, indica que el monto total del patrimonio aflorado sólo supone un 3,9% de los impuestos evadidos en los tres ejercicios de 2008, 2009 y 2010, en los que la pérdida de ingresos tributarios por la evasión asciende a 148.000 millones de euros en los tres años, según estimaciones de Gestha. Para evitar que la amnistía sirva para blanquear dinero procedente de actividades delictivas, los técnicos de Hacienda han pedido al Gobierno que les permita realizar una investigación económica sobre el origen de los patrimonios aflorados para descartar que procedan de actividades delictivas.
El régimen fiscal de Gibraltar que se aprobó en 2010 (denominado Income Tax Act) incluye medidas que suponen una competencia fiscal perjudicial y por tanto vulneran el código de conducta comunitario sobre fiscalidad de las empresas, según un informe aprobado este martes por los ministros de Economía de la UE. El Gobierno espera ahora que Bruselas abra un expediente sancionador para forzar su abolición. Reino Unido ha informado al grupo en nombre de Gibraltar que «ya ha empezado el trabajo para garantizar el cumplimiento de los principios del código».
La Comisión de Industria del Senado ha emitido su dictamen acerca de la nueva fiscalidad eléctrica con el objeto de elevarlo y aprobarlo en el Pleno de la semana próxima. Está prevista su aprobación definitiva por el Congreso en la semana del 17 de diciembre. La Comisión integra definitivamente la enmienda del PP en la que se eleva del 6% al 7% el nuevo impuesto a la producción eléctrica. Esta enmienda viene acompañada de una exención fiscal para el gas natural utilizado para actividades profesional, con lo que se alivia la presión sobre los consumidores industriales.
La práctica totalidad de los economistas valencianos (91,7%) considera que la situación económica de la Comunidad Valenciana sigue empeorando. “La situación económica regional es tan mala que solamente puede mantenerse o mejorar ligeramente, mientras que la española, aun siendo muy mala, hay una percepción de que todavía no se ha tocado fondo”, explicó el decano de los economistas alicantinos.” El sector de la construcción y el inmobiliario se dan ya por reestructurados en la Comunidad Valenciana, en una economía que sigue teniendo en la industria eminentemente exportadora y en el turismo bazas de crecimiento.
La Dirección General de Seguros está preparando una normativa para regular la actividad de los comparadores de seguros online. El auge de los comparadores online de pólizas -que en España registran en conjunto más de un millón de visitas únicas al mes, según datos de la consultora comScore- ha llevado a la Comisión Europea a promover un borrador de directiva que aclare qué requisitos deben cumplir a la hora de distribuir seguros. En España, la DGSFP, ya está trabajando en una normativa para la transposición de la directiva europea de distribución de seguros. Otra de las imposiciones que tendrán los comparadores de seguros una vez que entre en vigor la nueva legislación es la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil, y refrendar la honorabilidad de sus administradores.
