El plazo que el BE ha dejado a las entidades financieras para que detallen sus carteras de préstamos refinanciados clasificados según las nuevas normas expiró esta semana. Según los cálculos preliminares, las provisiones adicionales que tendrán que realizar las entidades para adecuarse a los nuevos criterios de clasificación de refinanciados estarán en un rango de entre 5.000 y 10.000 millones. Las nuevas normas sobre cómo clasificar los créditos refinanciados provocarán nuevas subidas de la morosidad. No obstante, la opinión que prevalece entre banqueros y analistas es que no afectará a la ya maltrecha concesión de crédito.
El Gobierno aprovecha la bonanza de los mercados financieros para devolver a la banca, tres años y medio antes de plazo, unos 12.000 millones de euros pendientes del crédito sindicado con el que creó el fondo de pago a proveedores, según informaron a este diario fuentes financieras. La operación permitirá un ahorro total de unos 950 millones en intereses. Ahora, el Tesoro se financia mucho más barato en los mercados y cuenta además con un colchón de liquidez casi improductiva que es menos necesario ante la mejora de los mercados. El Ejecutivo ha visto más rentable pagar ya ese dinero a la banca y financiarse directamente en el mercado.
Fomento contempla reducir las tarifas de Barajas para recuperar el tráfico aéreo. El secretario de Estado de Infraestructuras ha condicionado un eventual cambio al hecho de que Aena debe dejar de financiarse con deuda. Por este motivo, ha descartado que en 2014 se vaya a adoptar la rebaja general de las tasas aeroportuarias que el ente público había vaticinado hace unos meses tras las fuertes subidas de 2012. Eso sí, hay margen para adoptar ayudas puntuales siempre y cuando se cumpla una «política rigurosa de control de costes».
Competencia ha impuesto multas por un valor total de 43 millones de euros a varias asociaciones de transporte de mercancías del Puerto de Valencia, así como a tres empresas concesionarias, la propia Autoridad Portuaria de Valencia y a la Conselleria de Infraestructuras y Transportes de la Comunidad Valenciana. Les acusa de pactar precios, servicios e indemnizaciones y de restringir la oferta de prestadores de servicio en el puerto de Valencia. Las multas van de los 13,1 millones a los 100.000 euros, por «una conducta única y continuada que se inicia en 1998 y se extiende al menos hasta el momento de incoación del expediente en 2011». En el comunicado de la CNC no se estipula ninguna sanción económica contra la Conselleria.
El TSJ de Cataluña reconoce a la Roca del Vallés como municipio turístico en su sentencia y le faculta, como tal, para ampliar los horarios comerciales y abrir en festivos. El municipio cuenta ahora con un plazo de dos meses para delimitar la zona en la que quiere libertad comercial y la autonomía tendrá que aprobárselo en virtud de la decisión judicial, que tiene una vigencia de tres años. El gobierno de la Generalitat ya ha anunciado que presentará un recurso.
